Lista de empresas sin derecho a huelga le pone presión a definición de los servicios mínimos

Una reducción de la lista de las empresas sin derecho a huelga, conocidas como “firmas estratégicas”, es lo que marcó a primera vista la primera resolución del gobierno en esta materia bajo la reforma laboral. Los ministerios de Economía, Trabajo y Defensa informaron que 102 empresas estarán excluidas de la huelga legal por los próximos dos años, de un total de 134 firmas que postularon en este proceso.

Así, se ratificó el criterio de que las firmas de sectores de servicios sanitarios, eléctricas de distribución y transmisión, distribuidoras de gas natural licuado y las de transporte de gas natural serán consideradas de utilidad pública. Sin embargo, la definición trajo consigo sorpresas más allá de la disminución del listado, ya que se incorporaron los centros de salud especializados en la atención de enfermedades renales (diálisis).

También destacó el rechazo a la solicitud de los puertos Panul, Central, San Vicente y San Antonio. “Se resolvió incluir en el decreto ministerial aquellos puertos que están al servicio del Tratado Internacional de Paz, Amistad y Comercio suscrito entre Chile y Bolivia en 1904”, se explicó en el escrito. Entre los que podían ser la sorpresa, pero no lograron su cometido, también figuran la Zona Franca de Iquique, la empresa de buses Vule y la teleco Entel.

Los precedentes

Pero lo que no pasó desapercibido fue lo expresado por el Ministerio de Economía, que manifestó que, en consideración a la aplicación restrictiva del artículo 362, la Dirección del Trabajo (DT) “debe tener especial consideración en la determinación de los servicios mínimos, respecto de aquellas empresas que requieran mantener un cierto nivel de operación de sus funciones, cuando una parte de sus actividades pueda afectar la prestación de servicios de relevancia para la población”.

Para los expertos, esta resolución le pone presión a la definición de los servicios mínimos, proceso hoy abierto en el marco de la nueva ley laboral. “Ambas son instituciones laborales que limitan la huelga y ambas las administra el gobierno. Por ello debe existir sintonía fina en esta materia entre todos los organismos públicos involucrados”, comenta el ex director del Trabajo, Marcelo Albornoz. Añade que llama la atención, desde el punto de vista del profundo cambio al reemplazo en huelga con la reforma, que no se hayan revisado y calificado otros sectores: “Los puertos son un sector que justificaba una revisión profunda”.

El propio ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, señaló que las empresas que quedaron fuera del listado “entran en lo que es la provisión de servicios mínimos y, por lo tanto, lo que hemos hecho es dar cabal cumplimiento a lo que se estableció en la reforma”.

En 2014 el listado agrupó a 97 firmas, aumentando en 2015 a 115 y luego a 127 el año pasado. Según el director del grupo laboral de AZ, Jorge Arredondo, se espera que esta lista no siga aumentando, por lo que esta resolución sería un “techo para abajo”. Agrega que se consolida una antigua doctrina de la DT sobre los centros de diálisis y la preponderancia de los informes técnicos.

Para el abogado Luis Lizama, las tres carteras optaron por una aplicación “restrictiva” de la norma constitucional sin apertura a la inclusión de empresas como Entel, “cuya paralización podría causar un grave daño al abastecimiento de la población”, o de los puertos, cuya huelga podría afectar “no solo el abastecimiento sino también la economía del país”.

Además, dice, la resolución “desoye las directrices de la Comisión de Expertos de la OIT en esta materia, que ha reconocido que la determinación de servicios esenciales depende de cada país, haciendo posible que las teleco y los puertos tengan prohibición de huelga.

CUT critica resolución y alista acciones legales

Junto a la coordinadora de sindicatos eléctricos, sanitarios y de gas, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) hizo sus descargos frente a la lista de empresas estratégicas. "Uno puede valorar que una lista que constituía 127 empresas haya quedado reducida a 102. Sin embargo, nos parece que es del todo insuficiente que esa señal respecto de la reducción de empresas no vaya acompañado de un pronunciamiento con mayor coherencia, sobre todo después de lo vivido en las últimas semanas donde se ha visto -con total evidencia- que empresas que buscan ser estratégicas no tienen la capacidad siquiera para proveer los servicios básicos", aseguró la presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa.

La dirigenta agregó que hay una situación contradictoria que, a ojos de la Central, no fue bien abordada en el marco del pronunciamiento de los ministerios. "Vamos a recurrir a todas las instancias que estén a nuestro haber, recurrir a tribunales y si es necesario al TC para demostrar esta contradicción de la ley". Figueroa indicó que en los próximos días realizarán un seminario con los sindicatos que conforman la coordinadora para debatir junto a abogados constitucionalistas y jueces laborales los pasos a seguir.